sábado, 8 de enero de 2011

Pronunciamiento de los familiares del caso Parcco Pomatambo

Por: Familiares de Caso Parcco Pomatambo


Frente a la sentencia absolutoria del caso Parcco Pomatambo (Exp. N°09-2006), emitida por la Sala Penal Nacional el 22 de noviembre de 2010, los familiares manifestamos lo siguiente:

1. Esta es la injusticia más grande que se puede cometer en contra de las personas humildes del Perú. Los militares del Ejército Peruano, bajo las órdenes de Carlos Armando Bardales Angulo, capturaron a siete personas en Pomatambo y las llevaron hasta Parcco. Durante toda una noche los llevaron golpeando, descalzos, desnudos. Llegaron a Parcco al amanecer, intervinieron en dos casas en donde había niños y ancianos, los capturaron y allí los asesinaron, descuartizaron y quemaron, a estas doce personas. Los huesitos se los llevaron y fueron tirados en diferentes lugares, como quien dice “para que se los tragara la tierra y luego olvidarlos para siempre”. Estos hechos ocurrieron el 22 y 23 de octubre de 1986.
2. Durante el proceso del juicio oral, los acusados y sus abogados han caído en muchas contradicciones y en su defensa desean descaradamente ser considerados héroes y defensores de la paz y de la democracia y no lo son. Ellos son asesinos y están libres: Carlos Armando Bardales Angulo, Jesús Dante Retamal Guerra (reo ausente), Miguel Marco Antonio Becerra Urbina, Roberto Espinoza Battistini (miembro de la PIP), Agustín Tuya López (reo ausente), Eduardo Estela Araujo.
3. El lunes 22 de noviembre de 2010 la Sala Penal Nacional dictó sentencia absolutoria a los acusados presentes. Esta absolución es “como si de pronto nuevamente, fueron asesinados nuestros seres queridos”, pero esta vez “lo hacen los jueces del Poder Judicial”, en el cual hemos confiado. Es increíble e inaceptable que la misma Sala Penal Nacional, conformada por los jueces Ricardo Broussett (presidente), Clotilde Cavero (directora de debates) y Jimena Cayo, absuelva por tercera vez a Carlos Armando Bardales Angulo, jefe militar de la Base de Cangallo, en donde se elaboró el plan operativo de eliminación denominado “despedida 2”, ejecutado en Parcco y Pomatambo. Es claro y probado que estos crímenes cometidos por las fuerzas del orden responden a una política sistemática y planificada, por lo tanto, no fueron “excesos”, como lo señala la sala penal nacional en su sentencia.
4. La sentencia emitida por la Sala Penal Nacional ha probado que las doce víctimas, nuestros familiares, no tenían ningún vínculo con grupos terroristas, asimismo ninguno de nuestros familiares tenían antecedentes policiales, judiciales y penales, más bien se reconoció que eran autoridades de sus pueblos. También señaló que en ningún momento existió un “enfrentamiento” entre los militares y las víctimas, sino que fueron asesinados cruelmente. Por tal razón, no entendemos por qué ante esta verdad tan clara la sala penal absuelve a los responsable, imponiéndose nuevamente la impunidad, los cual nos indigna profundamente.
5. La sentencia absolutoria refleja el verdadero rostro de Alan García: corrupción en toda su dimensión e impunidad por los crímenes de su primer gobierno y de hoy. Hace poco este gobierno quiso otorgar libertad a los militares violadores de los Derechos Humanos a través del Decreto Legislativo N° 1097, ahora lo hacen a través de los mismos jueces del Poder Judicial. Pero no vamos a rendirnos y nunca nos cansaremos de exigir lo que parece difícil de conseguir en el Perú: Justicia para los más humildes.
6. A pesar de la indiferencia de las autoridades, seguiremos exigiendo justicia, no por venganza ni por odio, sino para que no se vuelvan a repetir estos horrendos crímenes en nuestro país.
7. En memoria y por la dignidad de nuestros familiares seguiremos luchando: Donato Ramírez Rivera (84 años), Hilda Buitrón Gutiérrez (84 años), Reynaldo Ramírez Buitrón, sus hijos Eugenia Ramírez Castillo (12 años) y Mario Ramírez Castillo (8 años), del pueblo de Parcco; Eusebio Najarro Alarcón, Teodoro Castillo García, José Fernández Bellido, Manuel Remón Zea, Timoteo Bautista Bellido, Jacinto Gutiérrez Gómez y Antonio Najarro Soto, del pueblo de Pomatambo.
En representación de los familiares de Parcco Pomatambo,

Yrene Ramírez Buitrón DNI 09812364
Urbana Ramírez Buitrón DNI 08566438
Anastasia Ramírez DNI 25468311
Buitrón Clotilde Najarro Remón DNI 25612722

En otro punto:
Caso El FrontónWOLA rechaza las acusaciones del vicepresidente peruano Giampietri en contra de grupos de Derechos Humanos
Hace un llamado al gobierno peruano a denunciar la acusación infundada e irresponsable de que organizaciones de derechos humanos clave defienden el terrorismo.
El 14 de diciembre de 2010, el vicepresidente peruano Luis Giampietri acusó a varias organizaciones prestigiosas de derechos humanos del país de haber defendido a terroristas y de ser grupos defensores de organizaciones subversivas. Posteriormente, en el desempeño de su función de miembro del Congreso del Perú, el vicepresidente mandó a investigar las fuentes de financiación y los gastos de estas organizaciones.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupada de que la acusación totalmente falsa del vicepresidente Giampietri represente un nuevo intento de intimidar y silenciar a los defensores de los derechos humanos en el Perú.
“WOLA rechaza de manera rotunda estas acusaciones totalmente infundadas”, dijo John Walsh, coordinador de programa en WOLA. “Todas estas instituciones son organizaciones de derechos humanos respetadas a nivel internacional que han trabajado durante casi tres décadas para documentar y denunciar abusos de derechos humanos – sin importar el autor de los mismos – y promover el estado de derecho en el Perú”.
El vicepresidente hizo su acusación luego de la publicación de un cable del gobierno de Estados Unidos dado a conocer por WikiLeaks que informa sobre una conversación de 2006 en la cual un ex-director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú (DINI), el jubilado contralmirante Julio Raygada, acusa a los grupos no-gubernamentales de derechos humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva, de hacer propaganda a favor del Sendero Luminoso.
Giampietri usó la acusación de Raygada – una declaración infundada para la cual no se ofreció ninguna clase de pruebas – como pretexto para su última ronda de ataques contra IDL, Justicia Viva y otra organización de derechos humanos, la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH). El vicepresidente declaró que estos grupos son “defensores de los terroristas” y “son la fachada de la estrategia terrorista”.
Ésta no es la primera vez en que el vicepresidente Giampietri ha acusado a organizaciones de derechos humanos no-gubernamentales de haber actuado a favor de grupos subversivos. “No parece ser coincidencia que el vicepresidente Giampietri intente intimidar precisamente a las organizaciones que están al frente del esfuerzo por enjuiciar a agentes del estado, incluyendo a oficiales militares y policiales, que cometieron graves abusos de derechos humanos en el contexto del conflicto interno armado (1980-2000)”, dice Jo-Marie Burt, investigadora afiliada a WOLA y docente de la Universidad de George Mason. IDL y APRODEH representan a víctimas de la masacre carcelaria de El Frontón en 1986, un caso en el cual Giampietri, un capitán naval quien fue uno de los dos oficiales a cargo del operativo, ha sido citado como testigo.
“Los ataques del vicepresidente no son únicamente infundados, sino también son profundamente irresponsables, al grado de que pudieran colocar en peligro la seguridad de los defensores de derechos humanos en el Perú”, continuó Burt. “WOLA hace un llamado al gobierno peruano a denunciar de manera expresa y enérgica las recientes acusaciones del vicepresidente, y a salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos en el Perú”.

Comunicado de Prensa

17 de diciembre de 2010
Contacto:
Kristel Mucino
Coordinadora de Comunicaciones
kmucino@wola.org
(617) 584-1713
John Walsh
Coordinador de Programa
jwalsh@wola.org
(202) 797-2171
Jo-Marie Burt
Investigadora Afiliada y Docente en la Univ. de George Mason
jmburt@gmu.edu
(703) 946-9714

2 comentarios:

Anónimo dijo...

PORQUE NO DENUNCIA A LOS GENERALES QUE ORDENARON LA EJECUCION DEL OPERATIVO? gENERAL lOPEZ aLBUJAR tRINT, GENERAL LUIS ARAUJO, GENERAL CABRERA, Y AL MISMO ALAN GARCIA QUE SE ENCONTRABA DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SI ELLOS FELICITARON Y CONDECORARON A TODOS ESTOS OFICIALES, QUE DESPUES EL FUERO MILIOTAR LES HIZO JUICIO LOS TUVO PRESOS 2 AÑOS Y LES DESTRUYO LA CARRERA POR HABER CUMPLIDO ORDENES QUE EL COMANDO DIO, QUE? A ELLOS NO LES PUEDEN SACAR DINERO PARA SU CAUSA TERRORISTA DE DESTRUCCION DE FAMILIAS HONORABLES QUE QUIEREN AL PERU. LA COMACA EP

gino dijo...

se pueden denunciar miles de veces, garcia en cualquier juzgado del mundo estaria condenado con el doble de pena que fujimori, pero su aparato judicial enquistado en el poder judicial con jueces apristas sembrados ,lo preoteje hace decadas,asi como agenerales genocidas ,hoy a bermudez lo llaman de argentina y este general peruano con hechos que debe dar cuenta a la justicia internacional por las dictaduras de moda en sudamerica por esos años. hoy se escuda en la justicia peruana ,repito infestada de jueces apristas listos para encubrir todos los delitos apristas y a garcia ,ademas de encubrir a los que hicieron pactos con el apra de garcia, fujimoristas ,militares genocidas y corruptos por doquier............