Un manto de sospecha cubre a los miembros creadores e impulsores del Decreto Legislativo 1097 que con este acto intentan brindar beneficios de libertad a procesados por violaciones a derechos humanos y que actualmente se encuentran en prisión a la espera de sus respectivas condenas.
El paquete de normas emitido por la comisión de justicia del Congreso el cual la preside el congresista fujimorista Rolando Sousa contiene facultades en materia de normas procesales y penitenciarias otorgando entre otros puntos la prescripción de los delitos de lesa humanidad y la aplicación inmediata del sobreseimiento de los procesos por estos delitos, en palabras comunes sería la cancelación de los procesos y la libertad inmediata de los inculpados.
Ahora se conoce episodios y actores de los creadores de este instrumento dentro de los cuales podemos ubicar a miembros activos del partido fujimorista que tienen como función política dar libertad a su líder y mentor Alberto Fujimori que como se conoce actualmente se encuentra en la sede de la Diroes purgando una condena en 25 años de cárcel por homicidio calificado, asesinato y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992,
Entre ellos podemos ubicar a Sergio Tapia Tapia abogado defensor de Alvarado Artaza (a) “Comandante Camion”; Luis Cobeña Navarrete: Jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa; Rafael Rey Rey: Ministro de Defensa; Cesar Nakasaki Principal abogado de Alberto Fujimori Fujimori como los impulsores activos de la norma.
Días después Rey Rey amenazaría con su renunciar al Gabinete si es que el Consejo de Ministros deroga la norma.
Se puede mencionar al mismo tiempo que este decreto serviría para beneficiar a personajes en la sombra, miembros del Partido Aprista Peruano que en los años de 1990-1995 también fueron acusados por delitos de lesa humanidad y que según muchos testimonios apuntan también al actual presidente de la república Alan García Pérez.
Como se sabe El 16 de agosto del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia responsabilizando al Estado peruano por la matanza de los penales, señalando que era su obligación esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
Voces de Protesta
Las voces de protesta no hicieron esperar, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, arzobispo Luis Cabrejos, y el presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, Pedro Barreto, emitieron un comunicado expresando su preocupación sobre el tema.
Instituto de Defensa Legal- IDL se pronunció en contra de esta norma y pidió que los reclamos que han hecho los familiares de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales sean escuchadas por la Sala Penal Especial de la Corte de Lima, para inaplicar la demanda por considerarla estrictamente inconstitucional.
La Defensoría del Pueblo a su turno lanzó un comunicado en el cual “exhorta a los magistrados y magistradas del Ministerio Público y del Poder Judicial a tener en cuenta el marco constitucional vigente, las obligaciones internacionales del Estado peruano y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos en esta materia al momento de resolver las solicitudes que pudieran presentarse invocando la aplicación del Decreto Legislativo 1097”
Susan Lee directora del Programa América de Amnistía Internacional (AI) tilda la norma como un retroceso. “Los decretos legislativos adoptados en el Perú sientan las bases para una posible amnistía encubierta
Las aguas políticas están movidas, informaciones de minuto cuentan que El ministro de Justicia anunció que podría renunciar al cargo por polémico decreto.
Intelectuales y la población civil organizada y grupos defensores de los derechos humanos se han sumado a la causa iniciando movilizaciones y muestras de rechazo a esta norma que indigna a los familiares que murieron a manos de los grupos paramilitares y malos miembros de las fuerzas del orden en épocas de conflicto.
“Estas nuevas leyes de impunidad intentan una vez más garantizar la amnistía, el olvido y el perdón en nombre del Estado para quienes acabaron con la vida de nuestros familiares”, denuncia Gisela Ortiz, hermana de uno de los 9 estudiantes asesinados en 1992 por el destacamento Colina en La Universidad de la Cantuta.
Hasta el momento se está a la espera que esta norma sea promulgada o derogada por el Consejo de Ministros.
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